LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La Guerra de la Independencia Española o Guerra del Francés fue un conflicto armado surgido en 1808 por la oposición de España a la pretensión del emperador francés Napoleón I de instaurar y consolidar en el trono español a su hermano José Bonaparte, en detrimento de Fernando VII de España, desarrollando un modelo de Estado inspirado en los ideales bonapartistas.
El conflicto puede incluirse en el marco de la Guerra Peninsular sumándose al enfrentamiento precedente de Francia con Portugal y el Reino Unido, convulsionando toda la península Ibérica^[1] hasta 1814.
La Guerra de Independencia Española queda enmarcada en el amplio conflicto de las Guerras Napoleónicas y en la crisis del sistema del Antiguo Régimen, encarnado en la monarquía absoluta de Fernando VII. El conflicto se desarrolló sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los «patriotas» de algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados.
Los términos del tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807 por el primer Ministro Manuel Godoy, preveían, de cara a una nueva invasión conjunta hispanofrancesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales, que al mismo tiempo fueron tomando posiciones en importantes ciudades españolas según los planes de Napoleón, quien, convencido de contar con el apoyo popular, había resuelto forzar el derrocamiento de la dinastía reinante tradicional, situación a la que se llegaría por un cúmulo de circunstancias que resume el historiador Jean Aymes:

...la expedición a España deriva de una serie de consideraciones entre las que se encuentran mezclados la debilidad militar del estado vecino, la complacencia de los soberanos españoles, la presión de los fabricantes franceses, la necesidad de arrojar a los ingleses fuera de Portugal, la enemistad del Emperador hacia la dinastía de los Borbones, los imperativos de una estrategia política para el conjunto del Mediterráneo y, por fin, para remate y para ocultar ciertos cálculos sucios, los designios de Dios o las exigencias de una filosofía ad hoc

Aymes, Jean R.: La Guerra de la Independencia, Madrid, Siglo XXI, 1974.

El resentimiento de la población por las exigencias de manutención de las tropas extranjeras, que resultó en numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida tras el episodio del motín de Aranjuez, precipitó los acontecimientos que desembocaron en la mítica jornada del 2 de Mayo de 1808 en Madrid. La difusión de las noticias de la brutal represión en las jornadas posteriores al 2 de mayo, inmortalizadas en las obras de Francisco de Goya, y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 6 de mayo, que extendieron por la geografía española los llamamientos iniciados en Móstoles al enfrentamiento con las tropas imperiales, decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Fernando VII.
La guerra se desarrolló en varias fases de intercambio en la iniciativa de las operaciones militares entre los bandos enfrentados en función de la movilización de los recursos disponibles por los imperiales y por la puesta en práctica del original fenómeno de las acciones conjuntas de guerrilleros y los ejércitos regulares aliados dirigidos por Arthur Wellesley, duque de Wellington, que provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas, aunque al precio de extender el sufrimiento a la población civil, que padeció los efectos de un contexto de guerra total, de exponer a los intereses estratégicos a una parte de la naciente industria, considerada una amenaza para los intereses británicos,^[2] y franceses, o disponer el pillaje de ciudades «afrancesadas».^[3] A los primeros éxitos de las fuerzas españolas en los meses de primavera y verano de 1808, con la batalla del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia y en particular, la sonada Batalla de Bailén, que provocaron la retirada francesa hacia el norte del Ebro y su evacuación de Portugal, siguió en el otoño de 1808 la entrada de la Grande Armée con el mismo Napoleón al frente, que culminó el máximo despliegue de la autoridad ocupante hasta mediados de 1812. La retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia fue aprovechada por los aliados para retomar la iniciativa a partir de la Batalla de Arapiles, el 22 de julio de 1812 y, contrarrestando el contraataque imperial, avanzar a lo largo de 1813 hacia las fronteras pirenaicas, jalonando la retirada francesa con las batallas de Vitoria, el 21 de junio, y la de Batalla de San Marcial, el 31 de agosto. El tratado de Valençay, firmado el 11 de diciembre de 1813, dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la batalla de Toulouse, librada el 10 de abril de 1814, el último enfrentamiento de la guerra. Refiriéndose a la guerra de independencia española, Napoleón I, en su exilio, declaró:

Esta maldita Guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses... esta maldita guerra me ha perdido.

Fraser, Ronald: La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808–1814.^[4]

En el terreno socioeconómico, la guerra costó en España una pérdida neta de población de 215.000 a 375.000 habitantes,^[5] por causa directa de la violencia y las hambrunas de 1812, y que se añadió a la crisis arrastrada desde las epidemias de enfermedades y la hambruna de 1808, resultando en un balance de descenso demográfico de 560.000 a 885.000 personas,^[6] que afectó especialmente a Cataluña, Extremadura y Andalucía. A la alteración social y la destrucción de infraestructuras, industria y agricultura se sumó la bancarrota del Estado y la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural.
Todo este sacrificio, sin embargo, no resultó en un fortalecimiento internacional del país, que quedó excluido de los grandes temas tratados en el Congreso de Viena, donde se dibujó el posterior panorama geopolítico de Europa. En el plano político interno, el conflicto permitió el surgimiento de la identidad nacional española, aunque por otro lado dividió a la sociedad, enfrentando a patriotas y afrancesados. También abrió las puertas del constitucionalismo, concretado en las primeras Constituciones del país, las de Bayona y Cádiz, y aceleró el proceso de emancipación de las colonias de América, que accederían a su independencia tras la Guerra de Independencia Hispanoamericana. La posterior reinstauración de la dinastía borbónica y el retorno del absolutismo, encarnado en Fernando VII, así como el reforzamiento de la Iglesia Católica, abrieron en España una era de luchas civiles entre los partidarios del absolutismo y los del Liberalismo, que se extenderían a todo el siglo XIX y que marcarían el devenir del país:

...en 1808 —o unos años antes, cuando todavía era posible, quizás, una guillotina en la Puerta del Sol— los españoles nos equivocamos de enemigo. Error del que, doscientos años después, todavía pagamos las consecuencias.

Arturo Pérez-Reverte, «Una intifada de navaja y macetazo», diario EL País, 20/4/2008.

En 2008, con ocasión del bicentenario de la guerra, el interés por aquellos acontecimientos y su recuerdo se manifiesta en actos conjuntos hispanofranceses, publicación de ensayos y obras especializadas y exposiciones en diversas ciudades e instituciones de España.

Antecedentes: política exterior y crisis de la monarquía española (1800–1808)

Alianza hispanofrancesa y guerras contra Gran Bretaña

El tratado de San Ildefonso de 1796, firmado entre la Convención Nacional Francesa y Carlos IV de España, representado por el favorito y primer Ministro Manuel Godoy, así como el tratado de Aranjuez de 1801 con el Consulado de Napoleón Bonaparte, restablecieron la alianza tradicional que desde la proclamación de Felipe V de España había regido las relaciones entre la corona española y la de Francia, llevándolas durante el siglo XVIII, en la disputa de intereses económicos y coloniales, a una serie de sucesivos enfrentamientos armados con el Imperio Británico.
En mayo de 1802, cuando Napoleón decidió forzar la neutralidad de Portugal que se resistía a romper como aliado de la corona británica, el ejército español intervino en Portugal provocando la efímera Guerra de las Naranjas^[9] que puso de manifiesto la falta de resolución de la corte española. Desde 1803, España ayudó económicamente y puso a disposición su Armada para la guerra naval contra los británicos, que culminaría en octubre de 1805 en la Batalla de Trafalgar.
La gravedad de la derrota en Trafalgar no tuvo las mismas repercusiones en España y Francia. Napoleón, proclamado ya en 1804 Empereur des Français, hubo de renunciar entonces a la invasión inmediata por vía marítima de Gran Bretaña, pero pudo equilibrar su posición con los triunfos militares sucesivos en Austerlitz,^[10] el 2 de diciembre de 1805 y de Jena, el 14 de octubre de 1806, alcanzando acuerdos de paz con austriacos, rusos y prusianos. Sin embargo, en España, la destrucción de la Armada agravó la crisis económica al no permitir las comunicaciones con las colonias americanas, en tanto que aumentaba el recelo hacia la política de alianza.

El Bloqueo Continental

El fracaso de las negociaciones con el gobierno británico del primer ministro Lord Grenville indujo a Napoleón a relanzar con el Decreto de Berlín del 21 de noviembre de 1806 el enfrentamiento directo con los británicos mediante la práctica de la guerra económica total del Bloqueo Continental, que ya se venía aplicando de facto tras el aumento de las tasas aduaneras, el cierre de los puertos del norte de Francia y de las desembocaduras del Elba y el Weser en la primavera de 1806.^[11]
La política del Bloqueo orientó el interés de Napoleón hacia la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental,^[12] incrementando la presión sobre la corte de Portugal, a la que se le advirtió para que adoptase medidas para el cierre al comercio con los británicos desde sus puertos, así como la confiscación de los bienes y emprisionamiento de los residentes en el país. Ante la inacción portuguesa, en agosto de 1807 Napoleón encargó a Jean-Andoche Junot la organización en Bayona del Cuerpo de Observación de la Gironda con una fuerza de unos 30.000 soldados, y retomando la fórmula de 1801 para forzar a aceptar el Bloqueo a los portugueses, reclamó el apoyo de la corte española que, con este fin, envió a través del marqués de Campo Alange un ultimátum al gobierno portugués el 12 de agosto de 1807. A partir del 25 de septiembre de 1807, los portugueses expulsaron a los navíos ingleses pero, anteriormente notificados de que el gobierno británico no permitiría ningún acto hostil contra sus ciudadanos en Portugal, no se realizó ninguna acción en este sentido.^[13]
El 18 de octubre de 1807, Junot atraviesa la frontera y pocos días después, el 27 de octubre, el representante de Godoy firma el tratado de Fontainebleau en el que se estipula la invasión militar conjunta, la cesión a la corona de los nuevos reinos de Lusitania y Algarves, así como el reparto de las colonias.^[14

Consecuencias de las guerras: crisis económica

Desprestigio político de la monarquía española: sucesos de El Escorial y Aranjuez

A finales de 1807, Napoleón decidió que la débil monarquía de Carlos IV era ya de muy escasa utilidad y que sería mucho más conveniente para sus designios la creación de un Estado satélite^{[cita requerida]}.
La presencia de tropas francesas en España en virtud del tratado de Fontainebleau se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando (sin ningún respaldo del tratado) diversas localidades españolas, como lo fueron Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras. El total de soldados franceses acantonados en España ascendía a unos 65.000, que controlaban no sólo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid y la frontera francesa^{[cita requerida]}.
La presencia de esta tropas terminó por alarmar a Godoy. En marzo de 1808, temiéndose lo peor, la familia real se retiró al Palacio Real de Aranjuez para, en caso de necesidad, seguir camino hacia el sur, hacia Sevilla y embarcarse para América, como ya había hecho Juan VI de Portugal^{[cita requerida]}.
El 17 de marzo de 1808, tras correr por las calles de Aranjuez el rumor del viaje de los reyes, la multitud, dirigida por miembros del partido fernandino, nobles cercanos al Príncipe de Asturias, se agolpa frente al Palacio Real y asalta el palacio de Godoy, quemando todos sus enseres. El día 19, por la mañana, Godoy es encontrado escondido entre esteras de su palacio y trasladado hasta el Cuartel de Guardias de Corps, en medio de una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII^{[cita requerida]}.
Aprovechando los sucesos derivados del motín de Aranjuez y el hecho de que tropas francesas al mando de Murat habían ya ocupado el norte de España (amparándose en el tratado de Fontainebleau), Napoleón forzó la cesión de la corona española a su hermano, José Bonaparte, como José I en las Abdicaciones de Bayona.

Sucesos del 2 de mayo en Madrid

Desarrollo de la guerra

Sublevaciones y la declaración de guerra

Las noticias de los hechos de Madrid se extendieron desde la misma tarde del 2 de mayo por todo el país, provocando las primeras reacciones de indignación y solidaridad, a la vez que las primeras declaraciones a favor de un levantamiento armado general en un clima de confusión ante la fragmentación de los distintos representantes del gobierno y el surgimiento de órganos de poder locales o Juntas. El llamado Bando de los alcaldes de Móstoles, promulgado por Andrés Torrejón y Simón Hernández, fue la primera iniciativa desde el ámbito local que contribuyó al desprestigio de la Junta de Gobierno, designada por Fernando VII, ante la declaración de Murat del 6 de junio en la que justificaba los excesos de la represión.

Contienda de Valdepeñas, en la que el pueblo llano detuvo al ejército francés. Apreciese la gesta de Juana "La Galana"

El 19 de mayo, Napoleón aprobó la convocatoria a 150 representantes de los diferentes estamentos para la asamblea que se ocuparía del Estatuto de Bayona. El 23 de mayo, una vez difundidas las noticias de las abdicaciones de Bayona, la insurrección se inicia en la ciudad de Valencia y en los días siguientes, en Zaragoza, José de Palafox y Melci toma el control de la ciudad tras entregar el mando el Capitán General Guillelmi a su segundo, produciéndose el primero de los Sitios de Zaragoza. Mientras en Murcia, el antiguo ministro Floridablanca preside la constituida nueva Junta.
En Sevilla, la Junta local adopta el nombre de Junta Suprema de España e Indias, impulsora del texto considerado como la declaración de guerra formal emitido el 6 de junio.^[16] Ese mismo día, un ejército compuesto por militares y milicias campesinas logran impedir la marcha de las columnas imperiales a su paso por el puerto del Bruch, causando la primera derrota relevante del ejército francés.^[17] También éste día 6 de junio fue la contienda de Valdepeñas, en la que la villa de Valdepeñas fue incendiada, consiguiendo la población, sin ejército alguno, cortar la comunicación entre Madrid y Andalucía, logrando la evacuación francesa de La Mancha y el retraso francés en la Batalla de Bailén.
El 9 de mayo comienza el debate entre las autoridades provinciales sobre la posibilidad de sublevarse contra el poder francés. Así, se crea una Junta Suprema que declara la guerra a Napoleón. Asturias, pues, será la primera en declarar la guerra a Francia, enviando emisarios a Europa, creando un ejército regular y unas estructuras administrativas y organizativas ajenas a Francia y en cierta medida a España ya que no es la Junta Soberana o Suprema de España sino de Asturias, aunque reivindiquen la vuelta de Fernando VII. La constituida Junta Suprema del Principado protagonizó la rebelión en Asturias a pesar de las presiones de la Junta de Gobierno, que tornaría en enfrentamiento general tras la formación de un ejército de milicias populares campesinas a partir del 25 de mayo, con la nueva formación de la Junta Suprema del Principado.^[18

Repliegue del ejército imperial (junio–noviembre 1808)

Tras las campañas del verano de 1808: Primer sitio de los Sitios de Zaragoza (15 de junio de 1808 hasta el 15 de agosto de 1808) y la Batalla de Bailén (19 de julio). Con la entrada en Madrid de Castaños y González Llamas el 5 de septiembre se puso de manifiesto la dificultad entre los diferentes niveles del poder español para constituir una autoridad única tanto política como militar con la que consolidar los progresos realizados hasta entonces, que habían llevado al repliegue francés hacia el norte del valle del Ebro, y afrontar el contraataque general napoleónico, una vez dispuesta la llamada Grande Armée.

La Rendición de Bailén, que supuso la primera derrota de Napoleón en tierra.

A las rivalidades entre los altos mandos militares, que emprendían acciones sin coordinación, se sumaba la de la divergencia política sobre la reforma del sistema del Antiguo Régimen y el surgimiento de reclamaciones particulares en cada territorio, al amparo del clima de federalismo de facto favorecido desde las diferentes juntas provinciales. A pesar de ello, un acuerdo general permitió constituir el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez la denominada Junta Suprema Gubernativa, presidida por Floridablanca y con un poder limitado, y la Junta Militar, presidida por los generales Castaños, Castelar, Morla, González Llamas, Marqués de Palacio y Bueno, cuya acción resultó ineficaz como demostrarían la sucesión de acontecimientos posteriores. Pocas semanas antes de la entrada de la Grande Armée, las fuerzas españolas lograron tomar el control de Logroño (10 de septiembre) y desplegar posiciones en torno a Tudela, a donde llegó Castaños el 17 de octubre, y Burgos, hacia donde se había dirigido desde Madrid el ejército de Extremadura con el general Bellvedere al frente el 29 de octubre.
Mientras tanto la situación en el País Vasco iba tensándose. Bilbao, la única capital de provincia que no había sido ocupada por los invasores se sublevó en la noche del 5 al 6 de agosto y proclamó como rey de España a Fernando VII. Los municipios vizcaínos comenzaron a movilizar sus milicias. Los lideres rebeldes lanzaron una proclama al resto de España alardeando de patriotismo español frente a los invasores, pero el 16 de agosto las tropas napoleónicas dirigidas por el general Cristophe Antonie Merlin reconquistó la ciudad tras vencer una obstinada resistencia. Bilbao fue saqueada y también lo fueron Begoña y Deusto, que entonces no eran barrios de Bilbao sino municipios aparte. Las fuerzas españolas del ejército de Galicia o de «la izquierda», mandadas por el teniente general de origen irlandés Joaquín Blake, expulsaron a los franceses de Bilbao el 19 de septiembre. El mariscal Ney conquistó otra vez Bilbao y volvió a saquearla. Tras diversas ofensivas y contraofensivas, el mariscal Lefevre derrotó a Joaquín Blake en la batalla de Zornoza y recuperó definitivamente Bilbao el 2 de noviembre. En menos de tres meses Bilbao cambio seis veces de manos y sufrió una revolución, una gran batalla y dos saqueos.^[19]
Napoleón llegó a Bayona el 2 de noviembre. No le gustaron las operaciones de sus mariscales en torno a Bilbao porque su plan maestro era dejarse envolver por los flancos y a continuación, cuando los españoles creyesen tenerlo atrapado, romper por el centro con fuerzas abrumadoras. Una vez hecho esto, podía caer sobre cada ala española y aplastarlas antes de ir derecho a por Madrid. Se enfadó mas cuando supo que sus fuerzas habían sufrido una pequeña derrota táctica en Valmaseda el 5 de noviembre, pero pronto iban a cambiar las tornas. Algunos historiadores agrupan estas dos primeras fases en una sola.^[20

Intervención de la Grande Armée: dominación y resistencia (diciembre 1808–abril 1812)

Asalto de las tropas francesas al Monasterio de Santa Engracia en el segundo de los Sitios de Zaragoza el 8 de febrero de 1809 pintado por Lejeune.

Sin embargo, Napoleón interviene directamente al mando de un ejército de 250.000 hombres, la Grande Armée. Se trata de un ejército veterano, acostumbrado a los movimientos rápidos y a vivir sobre el terreno, que arrolla rápidamente la resistencia española y a los ejércitos ingleses desembarcados en la península, comandados por el general John Moore. Después de la entrada del emperador en Madrid, tras la batalla de Espinosa de los Monteros y la batalla de Somosierra (30 de noviembre de 1808) y las tremendas derrotas de Uclés (13 de enero de 1809), el segundo de los Sitios de Zaragoza (del 21 de diciembre de 1808 hasta el 21 de febrero de 1809) y Ocaña (noviembre de 1809), la Junta Central —al cargo del gobierno de la España no ocupada— abandona la Meseta para refugiarse, primero en Sevilla, y luego en Cádiz, la cual resiste a un largo y brutal asedio. Desde ahí, la Junta Central asiste indefensa a la capitulación de Andalucía.
Napoleón se disponía a partir en persecución del cuerpo expedicionario británico de Moore, cuando tuvo que salir hacia Francia con urgencia porque el Imperio austríaco le había declarado la guerra (6 de enero de 1809). Dejó la misión de rematar la guerra en el noroeste en manos del mariscal Soult, que ocupó Galicia tras la batalla de Elviña y luego giró al sur para atacar Portugal desde el norte, dejando el cuerpo del Ney en su retaguardia con la misión de colaborar en la ocupación de Asturias. Sin embargo, la resistencia popular, apoyada por los suministros de armas de la flota inglesa, hizo imposible la pacificación de Galicia, que tuvo que ser evacuada tras la derrota de Ney en batalla de Puentesampayo (junio de 1809). La sublevación popular, dirigida por el capitán Cachamuíña en Vigo, supuso que ésta fuera la primera plaza reconquistada a los franceses en Europa (28 de marzo de 1809). Galicia y Valencia permanecieron libres de tropas francesas, aunque Valencia terminó capitulando en enero de 1812.

De Arapiles a San Marcial: retirada y derrota (1812–1814)

Napoleón salió de España en enero de 1809. Durante el resto del año los ejércitos regulares españoles se lanzaron a una serie de violentos contraataques, buscando a toda costa la batalla decisiva, un nuevo Bailén. Se consiguieron algunas pequeñas victorias en batallas campales pero las derrotas fueron mucho más numerosas hasta la catástrofe definitiva en la batalla de Ocaña. Tras este desastre absoluto, Andalucía cayó sin apenas resistencia pero justo entonces, en febrero de 1810, Napoleón anunció oficialmente la creación de una serie de gobiernos militares en Cataluña, Aragón, Navarra y el País Vasco, dirigidos por militares subordinados directamente a París, sin pasar por el gobierno «español» de José Bonaparte. Las guerrillas, que eran ya muy numerosas en todas las provincias ocupadas, aumentaron de número y durante los siguientes dos años tuvo lugar una lucha brutal y desesperada.^[21] Hubo que esperar al verano de 1812 para que los aliados anglo-hispano-portugueses pudieran lanzar una gran ofensiva y derrotar a los franceses en la Batalla de los Arapiles, obligando a José Bonaparte a huir temporalmente de Madrid. Los franceses evacuaron definitivamente Andalucía. Wellington llegó hasta Burgos pero se atascó asediando el castillo y las fuerzas napoleónicas reagrupadas pudieron contraatacar y empujarle de nuevo hasta Portugal. Mientras tanto, la campaña de Rusia absorbía el grueso de los recursos franceses. Por lo tanto, durante 1813 el ejército francés fue retirándose y perdiendo territorio. Los franceses abandonaron casi todas sus plazas, y tras la batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813, fueron expulsados de España. En octubre de 1813 los aliados cruzaron los Pirineos. La guerra prosiguió en Francia, donde finalmente, Napoleón pidió la paz. Las tropas aliadas habían entrado hasta Burdeos, y posiblemente, de no haber sido frenadas, hubieran entrado en París antes que los austríacos, prusianos y rusos.

Aspectos de la guerra

El fenómeno de la guerra de «guerrillas» o la petite guerre

Juan Martín Díez, el Empecinado, retratado por Francisco de Goya (c. 1814-15. Óleo sobre lienzo, 84 x 65 cm. Colección privada)

Sin un ejército digno de ese nombre con el que combatir a los franceses, los españoles de las zonas ocupadas utilizan como método de lucha la guerra de guerrillas, como único modo de desgastar y estorbar el esfuerzo de guerra francés. Se trata de lo que hoy se denomina guerra asimétrica, en la cual grupos de poca gente, conocedores del terreno que pisan, hostigan con rápidos golpes de mano a las tropas enemigas, para disolverse inmediatamente y desaparecer en los montes.

Grabado militar de la época representando a Francisco Chaleco como Brigadier.

Como consecuencia de estas tácticas, el dominio francés no pasa de las ciudades, quedando el campo bajo el control de las partidas guerrilleras de líderes como Francisco Chaleco, Vicente Moreno Baptista, Espoz y Mina, Jerónimo Merino, Julián Sánchez, el Charro, Gaspar de Jáuregui o Juan Martín el Empecinado. El propio Napoleón reconoce esta inestabilidad cuando, en contra de los deseos de su hermano, teórico rey de España, pone bajo gobierno militar (francés) los territorios desde la margen izquierda del Ebro, en una suerte de nueva Marca hispánica.
La guerra en España tendrá importantes repercusiones en el esfuerzo de guerra de Napoleón. Un aparente paseo militar se había transformado en un atolladero que absorbía unos contingentes elevados, preciosos para su campaña contra Rusia. La situación era, en cualquier caso, tan inestable que cualquier retirada de tropas podía conducir al desastre, como efectivamente ocurrió en julio de 1812. En esta fecha, Wellington, al frente de un ejército angloportugués y operando desde Portugal, derrota a los franceses primero en Ciudad Rodrigo y luego en los Arapiles, expulsándoles del Oeste y amenazando Madrid: José Bonaparte se retira a Valencia. Si bien los franceses contraatacan y el rey puede entrar de nuevo en Madrid en noviembre, una nueva retirada de tropas por parte de Napoleón tras su catastrófica campaña de Rusia a comienzos de 1813 permite a las tropas aliadas expulsar ya definitivamente a José Bonaparte de Madrid y derrotar a los franceses en Vitoria y San Marcial. Al mismo tiempo Napoleón se apresta a defender su frontera hasta poder negociar con Fernando VII una salida. A cambio de su neutralidad en lo que quedaba de guerra, aquél recupera su corona (comienzos de 1814) y pacta la paz con Francia, permitiendo así al emperador proteger su flanco sur. Ni los deseos de los españoles, verdaderos protagonistas de la liberación, ni los intereses de los afrancesados que habían seguido al exilio al rey José, son tenidos en cuenta.

Consecuencias

La firma del tratado de Valençay por el que se restituía en el trono a Fernando VII, el Deseado, como monarca absoluto, fue el comienzo de un tiempo de desilusiones para todos aquellos que, como los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz, habían creído que la lucha contra los franceses era el comienzo de la Revolución española y también el inicio de la Guerra de Independencia Hispanoamericana.
Por otra parte las consecuencias materiales de la guerra fueron desastrosas para España. A la gran cantidad de muertos y el asolamiento de pueblos y ciudades se unieron la rapiña de muchos franceses y también de los ingleses, cuya deslealtad puede verse ejemplificada en el bombardeo, ordenado por Wellington, de la industria textil de Béjar que era competidora de la inglesa^[22] o en la destrucción de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro en Madrid cuando ya los franceses habían evacuado la ciudad.

CONSTITUCION DE 1812

La Constitución española de 1812, también denominada La Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. La importancia histórica de la misma es grande, al tratarse de la primera Constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Respecto al origen de su sobrenombre, la Pepa, fue promulgada el día de San José, de donde vendría el sobrenombre de Pepa.
Oficialmente estuvo en vigencia dos años, desde su promulgación hasta el 19 de marzo de 1814, con la vuelta a España de Fernando VII. Posteriormente estuvo vigente durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin embargo, apenas si entró en vigor de facto, puesto que en su período de gestación buena parte de España se encontraba en manos del gobierno pro-francés de José I de España, el resto en mano de juntas interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I, y el resto de los territorios de la corona española (los virreinatos) se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la invasión napoleónica.
La constitución establecía el sufragio universal, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes,^{[1] [2]} la libertad de imprenta, acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, entre otras cosas.

Historia

Tras el Levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses, ocurrido el 2 de mayo de 1808, se produjo en numerosos territorios un fenómeno espontáneo de resistencia a los franceses que se agrupó en las llamadas Juntas. Estas comprendieron que su unión y agrupación produciría una mayor eficacia.
El 25 de septiembre del mismo año se constituyó la Junta Suprema Central Gubernativa con sede primero en Aranjuez (Madrid) y luego en Sevilla. Sus funciones fueron las de dirigir la guerra y la posterior reconstrucción del Estado. La situación de vacío de poder dejada tras las Capitulaciones de Bayona, en virtud de las cuales Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, el cual a su vez abdicó en Napoleón, quien finalmente abdicó la corona española en su hermano José I Bonaparte sumió en el caos a la administración española, y las Juntas de gobierno fueron el único organismo público que supo aglutinar y gestionar los pocos territorios peninsulares que quedaron fuera del control francés, principalmente el sur y el levante español.
En un primer momento, las juntas, dirigidas por el anciano Conde de Floridablanca, trataron de mantener el orden y preservar el Estado hasta la restauración de la dinastía borbónica en los términos previos a la intervención napoleónica. Sin embargo, conforme fueron avanzando los acontecimientos, se fue haciendo evidente que la descoordinación entre juntas y la ausencia de un orden institucional claro perjudicaban la causa de las mismas; el avance francés hacia el sur resultó inicialmente imparable, con la entrada del propio Napoleón en Madrid. Igualmente, las reformas ilustradas y progresistas que introducía el gobierno de José I Bonaparte en los territorios bajo su control, promovidas por algunos destacados ilustrados y afrancesados españoles, chocaban de frente con las pretensiones pro-absolutistas de las Juntas. La eficacia y la legitimidad real de las mismas fue puesta en entredicho, y ante el vacío de poder reinante, se vio la necesidad de convocar unas Cortes, que inicialmente habían de reunirse en Sevilla en 1809. Se plantearon dos posibilidades sobre el futuro político español. La primera de ellas, representada fundamentalmente por Jovellanos, consistía en la restauración de las normas previas a la monarquía absoluta, mientras que la segunda posibilidad suponía la promulgación de una nueva Constitución.
Después de Sevilla, y ante el avance francés, las Cortes se trasladaron a San Fernando, entonces conocido como La Isla de León, efectuando su primera reunión el 24 de septiembre de 1810 en el actual Real Teatro de las Cortes. Posteriormente, tras un brote de fiebre amarilla y el avance francés, a Cádiz, cuya insularidad y el apoyo de la armada inglesa garantizaban la seguridad de los diputados reunidos.
La Constitución de Cádiz no fue un acto revolucionario, ni una ruptura con el pasado. Desde la legalidad del momento, quienes eran los legítimos representantes, la acordaron. Los actos del citado 24 de septiembre de 1810 comenzaron con una procesión cívica, una misa y la petición encarecida del Presidente de la Regencia, Pedro Quevedo y Quintana, obispo de Orense, a los reunidos que cumplieran fiel y eficientemente sus cometidos.

El barrio de la Hoz, en Anguita. En esta localidad de Guadalajara se firmó el acta de constitución de la Primera Diputación Provincial siguiendo la Constitución de Cádiz.

Las deliberaciones de las Cortes fueron largas, y en muchos casos difíciles. La cuestión americana fue uno de los temas más complejos, pues las Cortes delinearon por medio de la Constitución una organización territorial, política y administrativa que incluía a los territorios americanos, los cuales no estaban representados en su totalidad en las Cortes: así como Nueva España, el Caribe, la Florida, y el Perú sí que acudieron, el Río de la Plata y Venezuela no enviaron representantes. Se trató de alcanzar un consenso que satisficiera a los americanos, cuyos intereses pasaban porque la burguesía criolla se hiciera con el control político de sus territorios (marginando a la población indígena), frente a los españoles, que veían la cuestión americana como un problema ajeno y trataban únicamente de limitar el peso político de dichos territorios dentro de las futuras Cortes. En otros aspectos, las cortes hubieron de vencer las reticencias de algunos miembros a promover una legislación liberal, muy influenciada por los ingleses que abastecían a la ciudad de Cádiz; se pretendía reducir el poder de la Iglesia, de la Corona, y la nobleza, estamentos minoritarios en las Cortes. Aunque las reticencias fueron vencidas, se mantuvo la confesionalidad del estado, y no se avanzó hacia el federalismo buscado por los americanos. En general, las Cortes ignoraron la realidad social española; el aislamiento al que estaba sometida Cádiz les impidió tener en cuenta a las voces más conservadoras o pactar el texto con los representantes de la Corona, y el resultado fue una Constitución excesivamente liberal para un país como la España de aquel entonces, que apenas había vivido los necesarios cambios socio-políticos que hubieran posibilitado el éxito de la misma. Tras dos años de debates y negociaciones, la Constitución española de 1812 se promulgó en el Oratorio de San Felipe Neri el día de San José (19 de marzo) de aquél año.
Su vigencia se prolongó hasta el retorno de Fernando VII, que abolió la Constitución nada más ser entronizado, en 1814.
La Primera Diputación Provincial constituida conforme a ella fue la de Guadalajara con Molina, 16 de abril de 1813, en la localidad de Anguita (Provincia de Guadalajara).

Una constitución para un Imperio

Véase también: Realistas

Alegoría de la Constitución de 1812, Francisco de Goya, Museo de Estocolmo.

La Constitución de 1812 se publicó hasta tres veces en España —1812, 1820 y 1836—, se convirtió en el hito democrático en la primera mitad el siglo XIX, transcendió a varias constituciones europeas e impactó en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los Estados americanos durante y tras su independencia. Sólo por esto ya hubiera merecido la inmortalidad.
Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones dedicadas a su estudio omiten o minusvaloran la influencia que la revolución liberal y burguesa española tuvo al transformar los imperio colonial español en provincias de un nuevo Estado, y convertir en nuevos ciudadanos a los antiguos súbditos del absolutismo, y que incluía en su definición de ciudadanos españoles no solo a los europeos, o sus descendientes americanos, sino también a las castas y a los indígenas de los territorios de América, lo que tradujo, en tercer lugar, en su trascendencia para las nacientes legislaciones americanas.^[3]
Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de septiembre de 1810 en el teatro de la Isla de León para, posteriormente, trasladarse al oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz. Allí se reunían los diputados electos por el decreto de febrero de 1810, que había convocado elecciones tanto en la península como en los territorios americanos y asiáticos. A estos se les unieron los suplentes elegidos en el mismo Cádiz para cubrir la representación de aquellas provincias de la monarquía ocupadas por las tropas franceses o por los movimientos insurgentes americanos. Las Cortes, por tanto, estuvieron compuestas por algo más de trescientos diputados, de los cuales cerca de sesenta fueron americanos

Un mismo estado para ambos hemisferios en el XIX

En los primeros días hubo propuestas americanas encaminadas a abolir el entramado colonial y poner las bases de un mercado nacional con dimensiones hispánicas que abarcaran también a los territorios de América, con reducción de aranceles a los productos americanos, apertura de más puertos coloniales para el comercio, etc. ¿Un proyecto, anterior en un siglo a la Commonwealth de Gran Bretaña? Los decretos gaditanos tuvieron una amplia repercusión y trascendencia durante las décadas posteriores, tanto en la península como en América.
La Constitución fue jurada en América, y su legado es notorio en la mayor parte de las repúblicas que se independizaron entre 1820 y 1830. Y no sólo porque les sirvió como modelo constitucional sino, también, porque esta Constitución estaba pensada, ideada y redactada por representantes americanos como un proyecto global hispánico y revolucionario. Parlamentarios como el novohispano Miguel Ramos Arizpe, el chileno Fernández de Leiva, el peruano Vicente Morales Duárez, el ecuatoriano José Mejía Lequerica, entre otros, en los años posteriores se convirtieron en influyentes forjadores de las constituciones nacionales de sus respectivas repúblicas.
Sin duda, a ello contribuyó la fluida comunicación entre América y la península, y viceversa: Cartas privadas, decretos, diarios, periódicos, el propio Diario de Sesiones de Cortes, panfletos, hojas volantes, correspondencia mercantil, literatura, obras de teatro, canciones patrióticas, etc., que a bordo de navíos españoles, ingleses o neutrales informaban sobre los acontecimientos ocurridos en uno y otro continente. Hubo ideas, pero también hubo acción, dado que se convocaron procesos electorales municipales, provinciales y a Cortes, y se verificaron las elecciones, lo cual provocó una intensa politización en ambos espacios.
Asimismo, el envío de numerario por parte de consulados de comercio, dueños de minas, hacendados, recaudaciones patrióticas, etc., al Gobierno peninsular fue constante, e imprescindible para pagar la intervención de los ingleses, así como el armamento de las partidas guerrilleras tras la derrota del ejército español en la batalla de Ocaña, el 19 de noviembre de 1809.
Es importante insistir en que estas medidas contaban con el respaldo de las mayor parte de la burguesía criolla americana, partidaria de los cambios autonomistas y no necesariamente de una independencia que implicase la ruptura completa con la Monarquía.

Derechos civiles

La cuestión americana estaba planteada, por tanto, desde el primer artículo. El Estado liberal tenía parámetros ultraoceánicos. La problemática de su realización se evidenció en la discusión de la redacción de los artículos 10 y 11. Por el primero se estableció entre americanos y peninsulares un primer acuerdo para organizar en provincias el nuevo Estado. Es notorio que esta primera redacción contó con el rechazo de los americanos, disconformes con la manifiesta diferencia numérica a favor de las provincias peninsulares frente a las americanas (que equivalían aproximadamente a cada Virreinato o Capitanía General, mientras que las provincias peninsulares se identificaban con los reinos históricos de España).
Esto se convertiría en una cuestión política, porque los americanos reclamaban un mayor número de provincias y una organización del Estado que se aproximase al federalismo. El artículo 11 solventó coyunturalmente el problema: tras un intenso debate, se decidió retrasar la definitiva estructura del Estado para una posterior ley, cuando las «circunstancias de la nación» —la urgencia en la metrópoli de combatir la invasión francesa, la urgencia americana de luchar con la insurgencia— garantizaran una discusión sosegada. La Cámara reconocía en la práctica su incapacidad para definir los territorios de su Estado. Y este problema sobrevenía, insistamos, por la incorporación de América como un conjunto de provincias en igualdad de derechos y de representación en el Estado nacional hispano.
Otros artículos fueron especialmente significativos, como el 22 y el 29. En el primero se reconocía a los mulatos la nacionalidad española —Derechos civiles— y el segundo les privaba de la condición de ciudadanos, es decir, de los derechos políticos. Esta medida fue una estrategia de los peninsulares para reducir el número de diputados americanos, ya que la ley electoral planteaba un sufragio universal proporcional a la población. Así, los representantes peninsulares se aseguraban un número de diputados similar al de los americanos, al excluir a casi seis millones de mulatos americanos de los derechos políticos.
De especial trascendencia fueron los artículos constitucionales referidos a ayuntamientos y diputaciones provinciales, en cuya redacción la comisión adoptó la Memoria presentada por Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila, para la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente de Nueva España. Fue de vital importancia para desentrañar un aspecto importante del proceso revolucionario de la península y América, como fue, a partir de sanción constitucional, la creación de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al menos 1.000 habitantes. La propuesta provino del propio Miguel Ramos de Arizpe. Esto provocó una explosión de ayuntamientos en la península y, especialmente, en América, al procederse, tras la aprobación de la Constitución, a convocar elecciones municipales mediante sufragio universal indirecto y masculino. Eso constituiría un aspecto clave para la consolidación de un poder local criollo y un ataque directo a los derechos jurisdiccionales, privilegiados, de la aristocracia, Aspecto fundamental para acabar con el régimen señorial en la península y con el colonial, en América.

Consecuencias de su abolición

La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo de 1814 el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la detención de los diputados liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo. El día 10 el general Eguía tomó Madrid militarmente proclamando a Fernando como rey absoluto. Previamente, se había gestado todo un clima de bienvenida popular.
Fernando VII se opone a los decretos y a la constitución de las Cortes de Cádiz porque significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que subrayarlo con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras una constitución para «ambos hemisferios», y tras decretar la constitución de un Estado nacional en el cual los territorios americanos se integraban como provincias, la Corona perdía no sólo su privilegio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano que pasaban directamente a poder del aparato administrativa estatal y no del monarca, al establecer el nuevo Estado nacional una sustancial diferencia entre la "hacienda de la nación" y la hacienda real. No podría consentirlo Fernando VII.
Por otra parte, la representación política y la igualdad de derechos de los americanos se tradujo en una reivindicación de soberanía que colisionaba con la nacional, al estar ésta concebida por los liberales peninsulares como única, central y soberana. El conflicto se estableció no solo entre un rey absoluto y la soberanía nacional y sus instituciones y representantes sino también entre una concepción centralista del Estado (basada en el gobierno de Madrid) y una descentralizada. Nada nuevo en el universo de las revoluciones burguesas, podría concluirse, pero la cuestión es que no era, estrictamente, sólo una revolución española, si se precisan no sólo la nacionalidad sino también los territorios del Estado en cuestión.
Hasta la década de 1820, la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista. Podía asumir una condición nacional española, pero a cambio de un autonomismo en América para todas las cuestiones de política interna, lo que implicaba la descentralización política y las libertades económicas. Para lograr sus pretensiones, los americanos planteaban una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en las Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos. Esta triple división de la soberanía, combatida por los liberales peninsulares, se legitimaba en los procesos electorales. Con estas propuestas, el autonomismo americano estaba planteando un Estado nacional no sólo con caracteres hispanos, sino también desde concepciones federales.
Los americanos depositaron toda la organización del Estado en la capacidad representativa y administrativa de las diputaciones provinciales como instituciones capaces de canalizar, administrar y recaudar las pretensiones y necesidades del criollismo de cada provincia. Esto provocó una doble reacción: por una parte el rey se opuso al federalismo, dado que los Estados que eran federales o confederales tenían la república como forma de Estado: los Estados Unidos de Norteamérica y Suiza. Pero además, federalismo era sinónimo, en aquellos momentos, de democracia, asociada a elementos de disolución del Estado absolutista, y por ende tachados de "anárquicos". En segundo lugar, la propuesta federal de los americanos provocó una reacción cada vez más centralista entre los liberales peninsulares, que insistían en que la soberanía nacional (al ser indivisible) no podía delegarse en modo alguno en diputaciones provinciales y la maquinaria administrativa debería ser manejada sólo desde la Península.
Tras la década absolutista, frustrada la opción autonomista gaditana, el nacionalismo ultramarino optó por la insurrección armada, lo que condicionó la situación final revolucionaria española hasta el triunfo de las independencias continentales americanas en 1825.

LA SANTA ALIANZA

El emperador Francisco I de Austria, el rey Federico Guillermo III de Prusia, y el zar Alejandro I de Rusia firmaron, a iniciativa de este último, un tratado el 26 de septiembre de 1815, por el cual se unieron en una Santa Alianza. Aunque se trataba de un acto de naturaleza política, con el caudillismo, el contenido del pacto era fundamentalmente religioso. Los tres monarcas declararon su firme resolución de utilizar como única regla de su gobierno, tanto en asuntos internos como externos, los principios de la religión cristiana: justicia, amor y paz. Como consecuencia, los gobernantes declararon su mutua fraternidad, por medio de la cual, no solamente se apoyarían entre sí, sino que se abstendrían de guerrear, y guiarían sus asuntos y sus ejércitos en la misma forma.
Este tratado no fue bienvenido por estadistas como Klemens Wenzel von Metternich (Conde y Príncipe del condado de Metternich) ni por los prusianos, por lo que Metternich reemplazó este tratado por una alianza puramente política el 20 de noviembre de 1815 entre Austria, Prusia, Rusia, Suiza e Inglaterra (también conocido como Cuádruple Alianza), con el fin de garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política de la Europa de la Restauración, contando con la posibilidad de poder intervenir manu militari (militarmente) en cualquier país contra movimientos liberales y revolucionarios.
De esta forma surge la llamada Europa de los Congresos, que preveía la celebración periódica de conferencias tendentes a mantener la paz y hacer respetar los intereses comunes de los signatarios. Los congresos, que se desarrollan entre 1818 y 1822, discuten las medidas a tomar frente a las inquietudes y desórdenes de carácter liberal o nacionalista. Los principales congresos serán los de Aquisgrán (1818), Troppau (1820), Laibach (1821) (que autorizó la intervención austriaca en Italia) y Verona (1822). Este último congreso supuso la intervención en España de un ejército francés denominado los Cien Mil Hijos de San Luis para terminar con el Trienio liberal y restaurar en el absolutismo a Fernando VII.
Con la admisión de Francia en 1818, la Cuádruple Alianza devino Quintuple. Sin embargo, la aversión del gobierno británico a las políticas reaccionarias del resto de aliados supuso que la alianza cayó en la inoperancia después de mediados de la década de 1820. La muerte de la alianza se fija convencionalmente con la muerte del zar Alejandro en 1825.

Europa y la Restauración frente a la revolución

Tras la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, en 1815, las naciones vencedoras se propusieron restaurar las monarquías y establecer entre ella un nuevo equilibrio que evitara la difusión de las ideas inspiradas en la Revolución francesa. Ese mismo año, se reunió el Congreso de Viena, en el que participaron Austria, España,Francia, Inglaterra, Portugal, Prusia y Rusia, y con el objetivo de sellar ese compromiso. Este acuerdo fue reforzado con la creación de la Santa Alianza, que a fin de garantizar militarmente la defensa de los principios del absolutismo monárquico.
Sin embargo, el periodo comprendido entre 1815 y 1848 fue uno de los más agitados de la historia europea. La semilla de las ideas liberales y democráticas diseminada por la Revolución Francesa se esparcía por todo el continente europeo. La opresión despótica de las monarquías restauradas fue el caldo de cultivo para el estallido de una ola de revoluciones en la que confluyeron los reclamos de la burguesía, de los sectores populares y de algunos pueblos con reivindicaciones nacionalistas.
En efecto, durante la primera mitad del siglo XIX, Europa atravesó un ciclo revolucionario en tres oportunidades:

Entre 1820 y 1824

España, Portugal, Nápoles y Grecia fueron el escenario de movimiento revolucionarios que buscaban instaurar monarquías constitucionales al estilo británico, es decir, donde el poder de los reyes se viera limitado por una constitución que estableciera los derechos y deberes de gobernantes y gobernados

Entre 1829 y 1834

Los movimientos revolucionarios se iniciaron en Francia y, prácticamente, se extendieron a toda Europa para exigir el fin del absolutismo. En Francia, la revolución contra el rey borbón Carlos X comenzó en julio de 1830. Burgueses y obreros se lanzaron a las calles de París y exigieron la renuncia del rey. El resultado fue la instauración en Francia de una nueva monarquía de caracter constitucional, regida por el rey Luis Felipe de Orleans, que aceptó las ideas del liberalismo. El poder pasó de manos de la aristocracia nobiliaria a la alta burguesía integrada por industriales y banqueros. Se sancionó una nueva constitución que reconoció el derecho al voto a los sectores más acomodados e ilustrados de la población.
La baja burguesía, formada por los pequeños comerciantes, los intelectuales y los obreros, no obtuvo, en cambio, ningún beneficio de la nueva situación política y seguía exigiendo la posibilidad de votar y participar en la elección de las autoridades.

Entre 1848 y 1870

En Francia, una delicada situación económica y el giro autoritario del gobierno de Luis Felipe provocaron otra revolución en febrero de 1848. Barricadas y banderas tricolor que evocaban los valores de la Revolución Francesa se desplegaron en todo el París. El rey huyó del país y se reconoció el sufragio universal. Sin embargo, estaba cada vez más claro que los burgueses y el proletariado no podían ir juntos, y los primeros se volvieron cada vez más conservadores. Por esta razón, en 1852, apoyaron gustosos el reemplazo de la Republica por el Segundo Imperio, bajo el mando de Luis Napoleon Bonaparte, sobrino de Napoleon, quien asumió el poder con el nombre de Napoleón III.